El máximo tribunal aplazó la ejecución de Manuel Valle hasta el 1 de septiembre.
Por Arzobispo Thomas Wenski, Arzobispo de Miami
El gobernador Scott ha firmado su primera sentencia de muerte. Aunque prevista inicialmente para el 2 de agosto, un aplazamiento concedido por la Corte Suprema de la Florida para revisar el protocolo de inyección letal aplazará la ejecución de Manuel Valle hasta el 1ro. de septiembre. Gracias a la intervención de la Corte Suprema, el gobernador Scott tiene la oportunidad de reconsiderar su decisión —y yo, y conmigo los otros obispos de la Florida, le instamos a hacerlo.
Manuel Valle fue declarado culpable de derramar sangre inocente --la de un agente de la policía, Luis Peña. También intentó dispararle a otro agente, Gary Spell. Estos crímenes son atroces-- pero se cometieron hace más de 30 años. Después de 30 años, ¿es necesario que el Estado de la Florida mate a este hombre? ¿Responde la sociedad de manera coherente en contra de matar, matando?
El argumento ha sido que la aplicación de la pena de muerte representa la legítima defensa de la sociedad contra un agresor injusto, es decir, el asesino. Históricamente, la Iglesia ha concedido que el Estado puede aplicar la pena capital cuando sea absolutamente necesaria, es decir, cuando no le sea posible defenderse de otro modo. No hay, en las Enseñanzas de la Iglesia, una equivalencia moral entre la ejecución de los culpables tras el debido proceso legal, y la destrucción deliberada de la vida inocente que se practica con el aborto o la eutanasia. Sin embargo, el Papa Juan Pablo II ha señalado en la Evangelium Vitae (no. 56): teniendo en cuenta la organización del sistema penal actual y la posibilidad de imponer la cadena perpetua sin opción de libertad condicional, que tal “necesidad absoluta” es “prácticamente inexistente”.
Además, es difícil defender la “necesidad” de ejecutar a alguien, cuando a su cómplice, a cambio de información o de prestar testimonio, se le da con frecuencia, mediante la negociación de los cargos, una sentencia menor. Y, aunque algunos seres queridos de las víctimas la piden”, es difícil ver cómo la pena de muerte como algo que repararía el daño. Un castigo debe ser mas que una “retribución social” o “venganza institucional”. El propósito de imponer un castigo a uno debe estar concebido para compensar el desorden introducido por el delito. La pena de muerte no puede devolverles la vida a las víctimas.
Incluso desde una perspectiva puramente pragmática o utilitaria, la pena de muerte no ...
Por Arzobispo Thomas Wenski, Arzobispo de Miami
puede ser defendida. No es un medio eficaz de disuasión frente a la delincuencia. Texas ha ejecutado a más delincuentes que cualquier otro estado; sin embargo, todavía tiene una de las tasas de homicidios más altas del país. Y la pena de muerte no es rentable. Al estado le cuesta menos encarcelar a alguien por el resto de su vida natural, que ejecutarlo. Dado el hecho de que es irreversible, la sociedad ha establecido, con razón, que la pena de muerte sólo se aplique después de apelaciones judiciales prolongadas y costosas. Y, a pesar de esto, hay docenas de casos documentados de personas inocentes que han sido injustamente condenadas y ejecutadas en el pasado siglo.
El homicidio intencional es un crimen atroz, que clama a Dios por justicia. Sin embargo, Dios no exigió la vida de Caín por haber derramado la sangre de Abel. Dios, efectivamente, castigó al primer asesino de la historia, pero le impuso una marca a Caín para protegerlo de aquellos que quisieran matarlo para vengar el asesinato de Abel (cf. Gn 4:15). Como Caín, el prisionero condenado en el corredor de la muerte —con toda la maldad de sus crímenes— sigue siendo una persona. Se sirve mejor a la dignidad humana —la de los condenados, así como la nuestra— al no recurrir a este castigo extremo e innecesario. La sociedad moderna tiene los medios para protegerse sin la pena de muerte.
La conmutación a cadena perpetua serviría al bien común de todos, rompiendo la espiral de violencia d
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